Informe N°48 – Hacia una estrategia de planificación fiscal de largo plazo para Chile

El Informe Nº48 del OCEC UDP, elaborado por Valentina Apablaza y Juan Ortiz, propone institucionalizar la elaboración de un informe de proyección fiscal con enfoque de largo plazo para Chile, en base a las mejores prácticas destacadas a nivel internacional.

Los principales aspectos del informe son:

• El mundo enfrenta diversos desafíos como la aceleración del envejecimiento poblacional, el cambio climático o el avance tecnológico y la digitalización que amenazan la estabilidad económica, fiscal y social de los países en los años venideros.
• Frente las inminentes amenazas a nivel de ingresos y gastos fiscales de estas tendencias, los países desarrollados han impulsado instancias de planificación fiscal de largo plazo que permiten ilustrar cómo se vería cada economía durante las próximas décadas en ausencia de políticas públicas y económicas que hagan frente a estos cambios.
• Al mismo tiempo, estas instancias generan escenarios alternativos que permiten medir la incidencia de los cambios estructurales sobre los ingresos y gastos fiscales en el largo plazo.
• Chile no se encuentra exento de estos desafíos, sin embargo, el país carece de una estrategia integrada e institucionalizada de planificación fiscal de largo plazo, lo que constituye un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas que recibirán próximas generaciones.
• Este documento busca identificar las mejores prácticas que enmarcan la planificación fiscal de largo plazo a partir del análisis de un conjunto de economías desarrolladas. En base a esto, se presenta una propuesta concreta para que Chile institucionalice un informe de planificación fiscal de largo plazo que permita anticipar las oportunidades y amenazas asociadas a los cambios que enfrentará la economía chilena durante las próximas décadas.
• El informe propuesto debe realizarse cada 4 años en línea con la duración de los periodos presidenciales y debe abarcar un horizonte de proyección de al menos 20 años, en línea con su objetivo de planificación de largo plazo. Su contenido debe incluir el impacto macroeconómico y fiscal del envejecimiento poblacional, el cambio climático y otros problemas de índole estructural.
• El informe propuesto debiera constituir una obligación legal de gobierno y su elaboración se debe enmarcar en el proceso de la Ley de Presupuestos al inicio de cada gobierno. Su contenido debe ser presentado frente al Congreso, a modo de influir en decisiones de política pública y económica que se tomen en la actualidad.
• Su elaboración debe estar vinculada a los responsables de la política pública y económica del país, priorizando un carácter técnico. Se sugiere designar la responsabilidad al Ministerio de Hacienda, quien cuente con la colaboración del INE y otros ministerios que puedan aportar en el análisis de temas propios de sus respectivas áreas de especialización.