Aportes para el debate en salud: estimación del costo fiscal de otorgar continuidad de tratamiento ante insolvencia de Isapres abiertas

Daniela Sugg

Autor(es): Daniela Sugg

Otros autores: Carolina Velasco

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Daniela Sugg, académica de la UDP e investigadora asociada al OCEC UDP, junto a Carolina Velasco, Directora de Estudios IPSUSS, Universidad San Sebastián, elaboraron un estudio que aporta antecedentes sobre el impacto financiero de otorgar continuidad de tratamiento ante insolvencia de Isapres abiertas. De acuerdo a las autoras el debate sobre la “ley corta de Isapres” (boletín 15896-11), que busca implementar los fallos de la Corte Suprema sobre tabla de factores y que, además, crea un seguro complementario en Fonasa, ha carecido de análisis y reflexión en ámbitos muy relevantes para las personas, pero sobre todo para las autoridades y encargados de las políticas públicas: el impacto financiero de los cambios propuestos. Esta escasez ha debilitado una toma de decisiones informada, alimentando, por el contrario, un debate ideológico y polarizado.

Los principales asepctos del informe se resumen en:

  • Según el informe financiero (IF) del proyecto solo tendrá gasto fiscal la mayor dotación y las horas de expertos, pero no el seguro complementario de Fonasa, que asume que lo tomarán personas promedio y que su uso del sistema no cambia. El IF tampoco considera el costo del cambio a Fonasa de quienes padecen enfermedades, y que no serán aceptados por otras Isapres si la suya entra en insolvencia, ya que el proyecto no elimina las preexistencias. Ni se incluyen en él las nuevas prestaciones del seguro, señalado por el gobierno y el texto en trámite.
  • El escenario de insolvencia es ahora más probable, debido a la eliminación del alza de precios al 7% de la cotización, al adelanto del pago a ciertos grupos y a la limitación de la prima extraordinaria, entre otros. Este trabajo cuantifica el costo fiscal de continuar la atención a quienes se encuentran en tratamiento, con datos públicos de las 6 Isapres abiertas afectadas por la deuda (excluye Isapre Esencial) y la ley corta. Se incluye el costo de quienes activaron las Garantías Explícitas en Salud (GES) para condiciones crónicas y oncológicas, alguna GES junto con la cobertura adicional para enfermedades catastróficas (CAEC) y a las demás CAEC y del subsidio por incapacidad laboral. Y se consideran escenarios de continuidad de 6 y 12 meses.
  • La diferencia entre el ingreso y el gasto total arroja un déficit de 34.000 y 68.000 millones de pesos, al semestre y al año, respectivamente ($132.637 al semestre y 265.273 al año por persona), comparable al gasto en drogas de alto costo oncológico y algo menor al copago cero en la red estatal

 

El resumen del informe se encuentra disponible aquí

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